Cd. Victoria, Tamaulipas.– La Comisión del Deporte del Congreso del Estado, encabezada por la diputada de Morena, Cinthya Jaime Castillo, presentó una iniciativa que propone establecer la obligación de incluir al menos una categoría adaptada o inclusiva en todo evento deportivo avalado o reconocido por el Estado de Tamaulipas.

La propuesta busca garantizar la participación de personas con discapacidad motriz, visual, auditiva u otra condición.

El diputado Adrián Cruz señaló que el asunto sometido a consideración tiene como objetivo establecer la obligatoriedad de incluir, al menos, una categoría adaptada o inclusiva en toda competencia o evento deportivo que reciba aval, respaldo o reconocimiento del Estado.

Asimismo, destacó que la iniciativa pretende garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad bajo los principios de igualdad, inclusión y no discriminación.

Indicó que el deporte constituye un derecho humano con una clara dimensión social, formativa y de salud pública.

En ese sentido, explicó que corresponde al Estado adoptar medidas legislativas eficaces para eliminar barreras estructurales, organizativas o normativas que limiten la participación plena de todas las personas en actividades deportivas, particularmente de aquellas que requieren ajustes razonables o adecuaciones específicas para competir en condiciones de igualdad sustantiva.

“En consecuencia, su incorporación expresa en el marco normativo estatal dota de certeza jurídica a organizadores y autoridades deportivas y consolida un modelo deportivo más humanista, accesible y progresivo, alineado con los principios constitucionales de no discriminación, inclusión y desarrollo integral de las personas”, expresó.

Cabe señalar que, previo a la valoración del presente asunto, se solicitó la opinión técnica y jurídica del Sistema Intersectorial de Protección y Gestión Integral de Derechos de las Personas con Discapacidad, en su carácter de instancia especializada en la garantía de los derechos de este sector poblacional, a fin de asegurar que la propuesta resultara viable, pertinente y acorde con los estándares de protección aplicables.