Este jueves, la Guardia Civil llevó a cabo un registro en las oficinas del Comité Técnico de Árbitros (CTA) ubicadas en la sede de la Real Federación Española de Futbol (RFEF). La operación tenía como objetivo recabar documentación relacionada con el caso Negreira, tras la decisión del juez de instrucción número 1 de Barcelona de imputar un delito de cohecho al FC Barcelona y a los directivos del club investigados.

Fuentes de la investigación informaron a la Agencia EFE que los efectivos del Grupo de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Unidad de Policía Judicial de Barcelona se presentaron alrededor de las 09:00 horas locales en la sede de la Federación para buscar documentos relevantes. Hasta tres horas después del inicio del registro, continuaban en las instalaciones del CTA.

Es importante destacar que, según las mismas fuentes, no se prevén detenciones en el marco de esta actuación policial, que fue ordenada por el juez Joaquín Aguirre, encargado de la investigación del caso Negreira.

En paralelo al registro, el juez instructor emitió un auto en el que imputa un delito de cohecho a los directivos del Barcelona involucrados en el caso, así como al propio club en calidad de entidad jurídica. Además, también se imputa por cohecho al exvicepresidente del CTA, José María Enríquez Negreira, y a su hijo, Javier Enríquez Romero.

Esta nueva imputación de cohecho se suma a los cargos previamente atribuidos a los investigados, que incluyen corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.

El caso se originó a raíz de una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción en marzo pasado. El juez Aguirre está investigando el destino de los aproximadamente 7 millones de euros que el Barcelona habría pagado a Negreira entre los años 2001 y 2018. Según el club, estos pagos estaban relacionados con informes sobre arbitrajes.

Sin embargo, el juez sospecha que los pagos podrían haber constituido una “forma novedosa de posible retribución ilegítima a árbitros de futbol” en el contexto de una “posible corrupción sistémica en el seno del CTA” durante el período en que Negreira ocupaba el cargo de vicepresidente en este organismo.

El caso continúa desarrollándose, y se espera que esta nueva imputación arroje luz sobre los detalles y las circunstancias que rodean los pagos realizados por el Barcelona a los Enríquez Negreira y el funcionamiento del Comité Técnico de Árbitros en ese período.