El presidente del Barcelona, Sandro Rosell, fue denunciado formalmente en Brasil por beneficiarse, supuestamente, de manera ilegal de un contrato sin licitación para organizar un evento deportivo y por falsificación de documentos, informa el diario Folha de Sao Paulo.

Según la versión periodística, Rosell fue acusado de haber recibido 9 millones de reales (unos 4,5 millones de dólares) por haber organizado un partido amistoso entre las selecciones de Brasil y Portugal en Brasilia en 2008 sin que la contratista, la gobernación del Distrito Federal, hubiese abierto una licitación para escoger al organizador del evento.

De acuerdo con el mismo diario, el presidente del Barcelona también fue acusado de haber falsificado un documento para demostrar que la “Alianto Marketing”, empresa de propiedad de Rosell, tenía experiencia de varios años como organizadora de eventos deportivos y era idónea para el contrato.

La denuncia fue presentada en febrero pasado por el Ministerio Público del Distrito Federal y recibida por el juzgado octavo criminal de Brasilia que, según la versión periodística, ya estableció un plazo para que los acusados presenten su defensa.

El supuesto proceso está protegido por el sigilo judicial por lo que no puede ser comentado por portavoces del Tribunal Regional Federal de la Primero Región, al que está adscrito el juzgado octavo de Brasilia.

Fuentes del bufete del que es socio Antenor Madruga, defensor de Rosell en Brasil, dijeron a Efe que el abogado tiene prevista su llegada hoy a Brasilia tras un viaje al exterior y que sólo podrá comentar la información de la Folha de Sao Paulo después de que aterrice.

En declaraciones al diario, sin embargo, Madruga aseguró que la denuncia es “irresponsable y vergonzosa”, ya que el documento que comprueba la idoneidad de Ailanto para organizar el evento deportivo no es falso.

El abogado alega igualmente que la empresa de Rosell tenía los derechos para organizar el amistoso entre Brasil y Portugal, por lo que el gobierno regional de Brasilia no podría abrir una licitación para contratar otra firma.

“El gobierno contrató a Alianto porque la empresa tenía los derechos sobre el partido. Es un asunto de propiedad y no de capacidad”, afirmó Madruga en sus declaraciones a Folha.

En diferentes oportunidades desde que las autoridades brasileñas comenzaron a investigar el caso, en 2009, Rosell ha negado las acusaciones y que esté encausado por supuestas irregularidades de alguna de sus empresas en Brasil.