Un tribunal federal confirmó en definitiva que las Chivas del Guadalajara deben alrededor de 400 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), por impuestos no pagados durante el ejercicio de 2010.

El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa negó el 4 de marzo el Amparo directo 562/2017, última instancia que tenía el equipo para cuestionar la legalidad del crédito fiscal fincado por el SAT.

Si bien los abogados de Chivas intentaron llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia, su recurso de revisión fue desechado por el Presidente Arturo Zaldívar el 23 de abril, ya que el amparo no contempla algún tema de interpretación Constitucional que amerite intervención del máximo tribunal.

Una vez notificadas las resoluciones judiciales, el crédito fiscal quedará firme, y el SAT podrá exigirlo mediante embargo y remate de bienes, si es que la empresa Chivas de Corazón no lo paga voluntariamente.

REFORMA publicó en mayo de 2018, que este crédito y otro por un monto similar derivado del ejercicio de 2011, fueron consecuencia del esquema de pago a jugadores mediante empresas de outsourcing, utilizado cuando Angélica Fuentes, ex esposa de Jorge Vergara, estuvo a cargo de Grupo Omnilife y sus filiales.

Ese mismo mes, Francisco Javier de Anda, quien fuera director deportivo de las Chivas, anunció que el equipo entraba en la que llamó una “consolidación financiera”, por lo que no habría mucho capital para invertir en refuerzos.

La disputa radica en el pago de sueldos y salarios de 2010 de Efraín Flores Mercado, José Luis Real Casillas, Luis Ernesto Michel Vergara, Omar Arellano Riverón, Héctor Reynoso López, José Jonny Magallón Oliva y Alberto Medina Briseño, entre otros.

En junio de 2018 se publicó que las deudas totales con el SAT de Vergara como persona física, y de sus empresas, ascendían a mil 941 millones de pesos, en el periodo 2010-2017, aunque varias seguían en litigio.

Madcam Corporation, una de las outsourceras que pagaba a los jugadores, también trabajó para Omnilife.

Documentos judiciales consultados revelan que Omnilife Manufactura celebró un contrato de “consultoría y asesoría en materia de operación y logística empresarial” con Madcam, que a su vez le expidió comprobantes fiscales por conceptos como “servicios profesionales”, “servicio de comedor” y “taller de etiquetado y publicidad”.

El SAT rechazó la existencia de estas operaciones, y fincó a Madcam un crédito fiscal de 968 millones de pesos en noviembre de 2016, ya que no pagaba impuestos ni repartía utilidades, pese a tener ingresos millonarios.